Semillas

¡NO a la privatización de las semillas en Argentina!

10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina

Sectores del Agronegocio, de las transnacionales, así como el Ministro de Agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un nuevo proyecto de Ley de Semillas. Según los borradores que se conocen y por las declaraciones públicas, el mismo busca subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.

Las consecuencias las sufrirán los campesinos y agricultores familiares, pero también el pueblo argentino, ya que golpeará sobre el mercado interno de alimentos.

Podemos afirmar que:

1. La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistema de investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación.

2. Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales. Al aplicarse la ley a todas las especies vegetales, el proyecto permite que toda especie nativa pueda transformarse en propiedad de empresas nacionales o extranjeras. Lo único que se requerirá es hacer un trabajo simple de selección para lograr una población o grupo de plantas relativamente homogéneas. Adicionalmente, el proyecto de ley facilita que cualquier empresa se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al considerar como “nuevo” cualquier variedad que no haya sido comercializada ampliamente o inscrita en registros de propiedad intelectual.

3. Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo -incluso reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO- que además fue central en crear la diversidad y riqueza genéticas utilizadas por las mismas empresas semilleras que buscan hoy prohibir aquella práctica. El proyecto de ley impedirá que las comunidades campesinas e indígenas experimenten, mejoren e intercambien libremente las semillas, proceso a través del cual generaron toda la diversidad que hoy sustenta a la agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con la ley de patentes hará posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades sean confiscadas. Se crea así una clásica situación del ladrón detrás del juez.

De esta manera, el proyecto de ley entra en conflicto con el Tratado de Recursos Genéticos de la FAO, del que Argentina es signatario.

4. Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. La definición de los requisitos para otorgar propiedad no exige que una variedad sea efectivamente mejor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al definir que basta la diferenciación de un carácter, facilita significativamente la práctica común de las empresas biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar transgenes o genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar una diferencia visible) y luego registrarlas como “nuevas”. La no exigencia de mejorías comprobables o de inocuidad facilita además la introducción de cultivos tóxicos.

5. Crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades vegetales. La experiencia mundial ha demostrado que las leyes de propiedad industrial sobre las plantas han provocado un proceso de concentración extrema de la producción de semillas a nivel mundial, restringiendo así el acceso a nuevas variedades. Al no permitir el libre uso de las variedades existentes para crear nuevas variedades -base de los grandes avances en mejoramiento genético- la nueva ley hace muy difícil el ingreso de nuevos actores a los procesos de mejoramiento genético, reduciendo así la oferta tecnológica.

6. Al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de concentración de las empresas semilleras, provocará inevitablemente el alza de los precios de las semillas, encareciendo la producción agrícola en general y la de alimentos en particular. El proyecto de ley crea las condiciones para un control monopólico del primer eslabón (las semillas) de la cadena de producción de los alimentos, quedando gran parte de la población expuesta a esta vulnerabilidad. Esta situación a la fecha no ha sido posible debido a que la producción de semillas se encuentra en manos de muchos y muchas agricultoras.

7. Otorga a las empresas semilleras el “poder de policía”, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente. Es conocido que empresas como Monsanto y Syngenta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los agricultores y campesinos no utilicen lo que ellos consideran su propiedad. Se violan así incluso normas fundamentales del país, como el que los cuerpos policiales están bajo el control y mando del Estado y los poderes fiscalizadores dependen o son supervisados por éste. Es inadmisible la privatización del poder de policía.

8. Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de productos ya a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones argentinas. La ley facilita demandas sin fundamento y limita el derecho a defensa de los demandados.

9. El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación de toda la sociedad en el debate. Una nueva Ley de Semillas de estas características afectará al conjunto de la sociedad. Impedir su debate público es un atentado a los derechos humanos de todo el pueblo argentino. Negar la información sobre el Proyecto, como ha hecho el CONASE a las organizaciones que lo han solicitado (no respondiendo el pedido) demuestra que no existe intención alguna de abrir las puertas al debate.

10. El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con la aprobación de la soja rr2 de Monsanto confirma quien es el principal beneficiario de este Proyecto. La anunciada “Alianza Estratégica” con Monsanto tiene a la modificación de la Ley de Semillas como uno de sus pilares. De hecho, la mayor corporación biotecnológica del mundo ha expresado este reclamo desde comienzos del Siglo 21 exigiendo que Argentina le garantice la “seguridad jurídica” para introducir nuevos transgénicos.

Hacemos un llamado a Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo.

  • NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS Y LA VIDA
  • FUERA MONSANTO Y LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO DE AMÉRICA LATINA
  • POR UNA AGRICULTURA PARA ALIMENTAR A Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS

Organizaciones firmantes:

Movimiento Nacional Campesino Indígena

CLOC – Vía Campesina Argentina

GRAIN

Amigos de la Tierra

Acción por la Biodiversidad


Extractos sobre el debate del proyecto de LEY DE SEMILLA

4 y 5 de diciembre de 2013

ARGENÉTICA, ENCUENTRO LEY DE SEMILLAS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL. Qué opina cada sector

Ponencia de Diego Montón, por el sector campesino indígena.

Para nosotros es un tema estratégico que hace a los destinos del sector rural y del pueblo argentino.
En segundo lugar, señalar que gran parte de lo que vamos a exponer no es solamente una cuestión de reflexión de nuestro Movimiento Nacional Campesino Indígena, sino también de lo que venimos debatiendo con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), junto con otras organizaciones aliadas. Ahí lo veía recién a Carlos Vicente de GRAIN, que es también una organización que viene investigando hace un tiempo. Y la idea para hacer un recorrido es que podamos hacer una mirada del contexto global para entender que la Ley de semillas no es una cuestión que sea endógena -argentina-, sino que viene de un contexto internacional, para luego pasar a la discusión latinoamericana.

En primer lugar, creemos que esta Ley de semillas tiene que ver con una fuerte ofensiva que las corporaciones transnacionales desarrollaron para sobrevivir en el marco de las grandes crisis financieras. En general vimos dos fuertes estrategias, una tiene que ver con el ajuste hacia los trabajadores, que generalmente se está desarrollando en Europa. Es decir, ir por los derechos de los trabajadores como una forma de salida de la crisis. Pero por otra parte tiene que ver con producir nuevas mercancías, introducirlas en el mercado financiero, y eso tiene que ver con la mercantilización de la naturaleza, con su privatización, la mercantilización de los alimentos y la posibilidad de trasladar los alimentos, los bienes naturales y la tierra al sector financiero, la banca financiera internacional, que son los que hoy están subordinando al resto de los sectores productivos. Entonces la Ley de semillas tiene que ver con esa ofensiva y con esas estrategias internacionales de las corporaciones transnacionales. Y no es casualidad que en el mismo año en que se dio la discusión en países europeos, México, Paraguay, Argentina, Colombia, estemos discutiendo proyectos de ley casi similares, con algunas variaciones. Estamos hablando entonces de que esta ley viene de un fuerte lobby, principalmente de la corporación Monsanto, aunque hay un paquete de otras corporaciones que vienen con la misma dinámica con varias metodologías muy cuestionables. También hay que aclarar que en estos países que mencioné hay una gran resistencia y que todos esos proyectos de ley, incluso habiendo sido aprobados por sus parlamentos, están relativamente detenidos porque en general los campesinos, agricultores y los pueblos de la ciudad han reaccionado.

¿Cuáles son los tres ejes fundamentales que nos parecen clave de estas propuestas? Primero, con esta idea de mercantilizar las semillas está la posibilidad de patente, que es uno de los ejes fuertes de la historia de la UPOV. Pero hay dos elementos más que son clave y tienen que ver con que estas organizaciones identifican a la agricultura campesina como su principal competidor. Uno tiene que ver con la prohibición del libre uso de las semillas. Está muy claro que eso sería un golpe muy duro para la agricultura campesina; el otro, una serie de cláusulas que, si uno las suma, llevan a la prohibición de la libre circulación de las semillas. Otro golpe que sería no solo para la agricultura campesina, sino para la humanidad. Todo esto se viene haciendo con una excusa, que es el hambre. Es decir, que en 2050 aumentará la población y hay que tener más productividad. Pero en paralelo y paradójicamente se van destruyendo mercados locales a lo largo de todo el mundo, lo cual es, para nosotros, el principal factor del aumento del hambre.

Pero antes de entrar en eso hagamos un pequeño relato histórico. La agricultura tiene diez mil años de antigüedad. La mayoría de los cultivos que hoy producimos no son variedades ni especies que estaban en la naturaleza. Son producto del trabajo de generación tras generación de las comunidades campesinas, sobre todo de las mujeres campesinas, a la hora de ir seleccionando. Y así tenemos una gran diversidad de variedades de maíz, papa, soja, en fin, podríamos hablar de mucho más y de cómo la alimentación ha sido asegurada por la agricultura campesina, así como el surgimiento de esa biodiversidad que ha sido capaz de superar muchísimas cuestiones en la historia. Podemos hablar incluso de la libre circulación de la papa: ese cultivo que surgió a orillas del Titicaca, salvó a Europa de la hambruna. ¿Por qué? Porque las distintas variedades de ese cultivo se adaptaron a cada lugar.

Entonces lo primero que tenemos que decir es que las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y no podemos entonces, a partir de una resolución de la Corte de los Estados Unidos que determinó que por un gen que se modifique de una semilla puede ser patentada, todo el mundo siga esa antiética, que es la del imperialismo. El maíz tiene aproximadamente cuarenta mil genes; ¿Por modificar un gen una empresa puede aducir ser la dueña del maíz? En una ética humanista y de bien común eso no tiene lugar. Se pretende además imponer un paquete tecnológico al servicio de una estrategia comercial que busca juntar dos mercados. Estas corporaciones veían que el mercado de los agrotóxicos iba por un lado y el de las semillas por otro: ¿Cómo juntarlos? Bueno, generando semillas que puedan patentarse y que sea obligatorio para el productor usar grandes cantidad de agrotóxicos. Ese es el objetivo de la biotecnología en manos de las grandes corporaciones. Dejo por otro lado la discusión sobre la biotecnología. Muchos gobiernos del mundo todavía hoy la usan pensando que es en beneficio de la humanidad, lo cual es discutible.

Las cuatro principales comercializadoras de granos –ABC, Cargill, Bunge, Dreyfus manejan el 90% del mercado de granos en el mundo. Monsanto el 27% del mercado mundial de semillas, y el 90% del mercado de semillas transgénicas. Y junto con otras empresas, Monsanto tiene el 93% de agrotóxicos. Ahí tenemos que agregar otra cuestión; no hay libre mercado, hay un mercado global rehén de las corporaciones. Un dato: con solo un cuarto de las tierras arables del planeta la agricultura campesina alimentaría al 70% de la población mundial. Otro dato, este de la FAO: más del 40% de la comida que se produce en la agricultura industrial se pierde por descomposición. Nadie puede decir científicamente que es la agricultura industrial, de la mano de las corporaciones, la que alimenta a los pueblos. Y si lo hacen, están faltando a la verdad. No hay un problema de productividad, en eso hay que ser claros, hay un problema de acceso y distribución de los alimentos.

Vamos a ir rápido a la Argentina porque ya sé que me queda poco tiempo. La matriz es similar. Todo esto pasó en un contexto neoliberal, así se aprobaron leyes transgénicas. Ese modelo de agricultura que subordina nuestra tierra y geografía a las transnacionales es incompatible con un proyecto de país que sea popular, pensado para el bien común. Ahí tenemos que hablar de muchas cosas que pasan en nuestro país: desalojos, agrotóxicos, contaminación, informes del INTI que hablan de madres en Buenos Aires con agrotóxicos en la leche materna. Vamos a avanzar porque creo que todos conocemos lo que se padece en las ciudades y en las comunidades rurales por este sistema agroalimentario. Vemos cómo aumentan los precios de los alimentos todos los días, no voy dar los datos ahora porque se me va el tiempo, pero está claro que nuestra economía, nuestros productos alimentarios, la manejan unas veintiocho corporaciones. Son nacionales entre comillas, Molinos y Arcor porque parte de su paquete accionario ya es extranjero y el resto son empresas transnacionales. Eso también afecta nuestra democracia porque ya vemos en Venezuela con el desabastecimiento. Cómo cuando el abastecimiento y la distribución de los alimentos está en manos de las corporaciones, cuando ellas quieren pueden hacer lo que quieran con nuestra democracia. Ese modelo no es compatible con la democracia.

Vamos rápidamente a nuestra propuesta sobre lo que pensamos de la Ley de semillas. En primer lugar una aclaración; hay una renta diferencial de nuestra tierra que es obvio que nuestro país en esta etapa debe utilizarla. Tenemos antecedentes muy interesantes como el IAPI que fue una política agraria, estatal, que subordinó esa renta a los intereses comunes y no solamente a un grupo de corporaciones. Entonces ahí necesitamos asociar esa política de regulación estatal con la política de integración regional porque para reemplazar a las corporaciones que son las que llevan los granos de nuestro país a Europa, a China, tenemos que tener una política como UNASUR. Tenemos que repensar la función social de la propiedad, cómo agregar valor a la producción pero con la industria local, dándole trabajo a la juventud campesina, a la infraestructura rural, créditos y subsidios. Y la Ley de semillas en el marco de un proyecto popular debe garantizar el libre uso y circulación de todas las semillas y prohibir toda apropiación y renta de las corporaciones a partir de las semillas. Por último, tenemos que fortalecer la producción local de semillas, articulando tanto las instituciones como las organizaciones de campesinos, para que la producción de semillas sea local y se dé en función del clima y de las distintas situaciones específicas. Aquí hay soberanía alimentaria y popular o subordinación a las transnacionales. Esta es un poco la discusión de libertad, democracia o neocolonialismo. Y para terminar, el 2014 está declarado por la FAO “Año internacional de la agricultura familiar”. Sería muy paradójico que en dicho momento un gobierno sancione una Ley de semillas que pone a la producción campesina en la clandestinidad. Sin embargo, nosotros vamos a aclarar que la misión histórica de los campesinos es alimentar a los pueblos y lo vamos a seguir haciendo con o sin Ley de semillas.

Extraído de : http://argenetica.com/wp-content/uploads/2014/05/Encuentro-Ley-de-Semillas.pdf 

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UNA MIRADA GLOBAL DE LAS SEMILLAS

La Vía Campesina apela al Tratado Internacional de las Semillas a rechazar la biopiratería

Comunicado de Prensa de La Vía Campesina

(Ginebra, 7 de julio de 2014) El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRPAA) cumplió su décimo aniversario el día 3 de julio. Lleva una década reconociendo los derechos de las campesinas y los campesinos a utilizar, intercambiar y vender sus semillas. Ofrece una base para organizar la forma de compartir las semillas de las campesinas y los campesinos de 131 países que, haciéndolo, contribuyen de forma esencial a la seguridad alimentaria mundial. Teniendo en cuenta la intensificación del cambio climático, las semillas locales son, muy a menudo, la única manera de garantizar las cosechas, mientras que las variedades desarrolladas en los laboratorios químicos son incapaces de adaptarse al mínimo cambio no previsto.

Sin embargo, el éxito del tratado no debe ensombrecer sus promesas no cumplidas. La industria no siempre ha valorado debidamente la deuda contraída al utilizar de forma gratuita las semillas de las campesinas y los campesinos para luego revenderlas.

El tratado no es capaz de repartir el beneficio obtenido. Las campesinas y los campesinos pierden el derecho de utilizar las semillas que han donado desinteresadamente al Tratado a medida que estas se van contaminando con genes pantentados o en cuanto se directamente patentan ciertas características naturales. Los derechos del campesinado no pueden reducirse a una mera declaración de intenciones. Si el Tratado continúa siendo una mofa frente a las campesinas y los campesinos, estos no pueden seguir poniendo a disposición sus semillas de forma totalmente desinteresada.

Sin un mecanismo eficaz que garantice los derechos de las campesinas y los campesinos y que distribuya los beneficios, sin mecanismos concretos contra el patentamiento de la vida, los bancos de semillas del Tratado se convertirán en un patrimonio común de la biopiratería.

El Tratado necesita cambios; La Vía Campesina está dispuesta a contribuir.

Gilberto Schneider –  (55) 6199095392

Lea la declaración de La Vía Campesina en ocasión del décimo aniversario de la entrada en vigor del TIRPAA en Ginebra, el 3 de julio de 2014, en www.viacampesina.org